Foto de Laura Pujol y Larena
por Francisco Fernández Arias , director de Gestión Patrimonial de la Fundación Vivienda Social
Hace unos días, una compañera de trabajo me preguntó: “Tú que eres arquitecto, dime por qué los edificios de vivienda social son todos iguales…” La verdad es que la pregunta me sorprendió, no sólo porque efectivamente hay una cierta tendencia a la estandarización de la construcción de vivienda social, sino porque, desde mi punto de vista, en Cataluña.
Para empezar a responder a la pregunta, es necesario revisar algunos números. En cuanto a los visados de obra nueva, se ve que en 2024 en Catalunya se construyeron 17.429 viviendas nuevas, de las que 2.883 eran de protección oficial, es decir, un 16% del total. Aunque esta cantidad de viviendas nuevas está muy por debajo de los 25.000 pisos al año que proyecta la Agencia de la Vivienda de Catalunya, un 16% de este total en VPO es relativamente alto. Por eso, es muy probable que los proyectos de vivienda de protección oficial estén mucho más presentes en el paisaje urbano que otras promociones de vivienda nueva. De hecho, cabe afirmar que los proyectos más emblemáticos de VPO se han construido justamente en el área urbana de Barcelona, con 910 unidades.
La vivienda ha sido uno de los temas más debatidos en la agenda pública actual, especialmente en áreas urbanas como Barcelona, donde los desafíos de la sostenibilidad, la accesibilidad, la calidad de vida y la gran demanda de vivienda se han entrelazado de forma creciente. En las últimas décadas, la vivienda ha dejado de ser un derecho social para convertirse en un bien de consumo, sometido a las dinámicas del mercado y la especulación. Este cambio ha tenido un impacto directo en el diseño de las viviendas y en la relación de las personas con su entorno, generando la necesidad de repensar el papel de la arquitectura en ese contexto.
En este sentido, la exposición “Housing Standardization”, organizada por el Centro Abierto de Arquitectura en la sala de exposiciones del COAC durante los meses de febrero y marzo de 2025, ofrece una interesante reflexión sobre los procesos de estandarización del diseño de la vivienda social a nivel global. A través de un estudio de tres años sobre la vivienda asequible y subvencionada en países como Inglaterra, Chile, China, Países Bajos, España y Suiza, la muestra explora cómo los enfoques normativos, el mercado de la vivienda y las normas sociales y culturales influyen en las expectativas y percepciones sobre la calidad de la vivienda.
Justamente, una de las principales críticas que se desprende de la exposición es la tendencia hacia la estandarización en los diseños de vivienda social, especialmente en proyectos de gran escala en los que la industrialización ayuda a reducir costes y riesgos. Sin embargo, la estandarización a menudo sacrifica la calidad del diseño y la habitabilidad de las viviendas, lo que repercute negativamente en la vida de los habitantes. El uso de modelos estandarizados, aunque eficiente en términos económicos, limita la diversidad de soluciones arquitectónicas y, en muchos casos, reduce el valor social y funcional de los espacios habitacionales.
En contraste, y para seguir respondiendo a la pregunta de mi compañera, los proyectos de vivienda social en Cataluña han empezado a incorporar innovaciones significativas en sistemas constructivos industrializados y participación comunitaria. Un ejemplo destacado es el proyecto “85 viviendas sociales” en Cornellà, que recibió el prestigioso premio internacional RIBA 2024. Esto es especialmente importante, puesto que ganar este tipo de premio con un proyecto de vivienda social era impensable hace 10 o 15 años. El proyecto se centra en promover la interacción vecinal y las conexiones con la comunidad a través de espacios comunes en torno a un patio-plaza central. En lugar de centrarse exclusivamente en la eficiencia de la construcción en madera, el proyecto prioriza también el bienestar de los residentes, fomentando una vida social activa y creando un sentido de pertenencia.
En este contexto, también es importante mencionar los proyectos de vivienda APROP impulsados por el Ayuntamiento de Barcelona, donde se intenta innovar en métodos industrializados para afrontar la emergencia habitacional. Estos proyectos buscan probar un modelo de alojamientos de construcción rápida, sostenible y de calidad para evitar la expulsión de vecinos del barrio. De hecho, no sólo se centran en el diseño y la construcción, sino que también cuentan con un acompañamiento socioeducativo, poniendo énfasis en el apoyo laboral y formativo durante su estancia.
La arquitectura desempeña un papel crucial en la mejora de la calidad de vida de las personas. Aunque históricamente las políticas de vivienda han modelado la forma en que se construye, la calidad del diseño tiene un impacto directo en la experiencia de los residentes. Espacios bien diseñados, con buena iluminación, ventilación, materialidad y participación de los usuarios, no sólo mejoran la habitabilidad, sino que también fomentan la cohesión social y el bienestar emocional de sus habitantes.
Creo que el reto actual es encontrar un equilibrio entre el derecho a la vivienda y la calidad del diseño arquitectónico para paliar los efectos de la especulación inmobiliaria. Los proyectos innovadores, como el de Cornellà o CERCA, muestran que es posible ofrecer viviendas asequibles sin renunciar a la calidad y la sostenibilidad. En este sentido, las políticas públicas deben seguir avanzando hacia la diversificación de modelos que integren la eficiencia económica con la creación de espacios que favorezcan la vida comunitaria y el bienestar de los residentes.
En conclusión, la vivienda social en Cataluña está en una etapa de transformación. Aunque la estandarización ha permitido ser una solución rápida y económica, los nuevos proyectos están demostrando que es posible innovar en el diseño sin perder de vista sus necesidades sociales y medioambientales. El futuro de la vivienda social dependerá de un enfoque integral que combine políticas públicas efectivas, enfoques de diseño innovadores y la participación activa de las comunidades en la construcción de sus propios entornos habitacionales. Así, se podrá garantizar que la vivienda siga siendo un derecho accesible y digna para todos.
